La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes la recepción formal del ciudadano Renzo Javier Casanova Sánchez, exfuncionario peruano con estatus diplomático, acusado del delito de feminicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de su expareja, Renata Luisa Delgado Schenk.
La entrega del imputado se realizó en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero, tras un proceso de extradición autorizado por el gobierno peruano. Casanova Sánchez contaba con una orden de captura internacional (difusión roja de Interpol) y fue detenido en Perú.
#Extradición | Renzo Javier Casanova Sánchez, de origen peruano, es acusado de intentar asesinar a su exesposa y luego huir del país.
Los hechos ocurrieron en el 2019, cuando la víctima le pidió terminar la relación. Al no estar de acuerdo con ella, el sujeto la agredió física,… pic.twitter.com/T01XW1mbmb
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 16, 2025
De acuerdo con las investigaciones dirigidas por la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la Oficina Fiscal de Santa Tecla, el intento de asesinato ocurrió en 2019 dentro del territorio salvadoreño, cuando Casanova Sánchez presuntamente intentó asfixiar a su pareja tras una discusión, luego de que ella manifestara su intención de terminar la relación.
La víctima, casada con el acusado desde 2011, perdió el conocimiento a raíz del ataque y logró pedir auxilio al recobrar la conciencia. El hecho fue denunciado por testigos que escucharon lo sucedido y dieron aviso a las autoridades.
La solicitud de extradición fue tramitada por la Fiscalía Adjunta de Asuntos Internacionales a instancias de la FGR, y fue aceptada por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas del gobierno peruano, bajo la calificación legal de “tentativa de feminicidio con agravantes”, según la legislación del país sudamericano.
La decisión fue respaldada por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Relaciones Exteriores de Perú.
Casanova Sánchez se desempeñaba como oficial de seguridad de coordinación sobre el terreno para la Región Nor-Oriental de Colombia del Departamento de Seguridad y Salvaguarda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que le otorgaba un estatus diplomático al momento de los hechos.
La Fiscalía salvadoreña confirmó que el imputado será procesado conforme al marco jurídico nacional, y reiteró su compromiso con la justicia y la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia.