A partir de este jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos analizará la legalidad de las medidas judiciales que han frenado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual pretende restringir el derecho a la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes indocumentados o con estancias temporales en el país.
El alto tribunal aceptó revisar el caso tras una solicitud urgente del Gobierno federal, que busca revertir las suspensiones impuestas por tribunales en Maryland, Washington y Massachusetts. Dichas cortes señalaron que el Ejecutivo no puede modificar principios constitucionales mediante un decreto, aludiendo a la Enmienda 14, que establece el derecho a la nacionalidad para toda persona nacida en territorio estadounidense.
La medida, firmada por Trump al comenzar su segundo mandato, ha sido temporalmente bloqueada mientras avanza el proceso judicial. Sin embargo, en esta fase, los magistrados no abordarán el contenido de la orden, sino que se enfocarán en determinar si las cortes inferiores pueden emitir fallos de alcance nacional o deben limitarse a los demandantes concretos.
“El punto clave es si una orden presidencial puede ser suspendida en todo el país por un juez federal o solo en beneficio de quienes presentan la demanda”, explicó Daniel Galindo, abogado del Proyecto de Derechos de Inmigrantes de la ACLU.
Con una mayoría conservadora de seis a tres, el máximo tribunal podría sentar un precedente sobre cómo se aplican los fallos judiciales en casos que enfrentan al Poder Ejecutivo con ciudadanos u organizaciones civiles.
El Gobierno ha solicitado que las resoluciones de los jueces federales se restrinjan a los afectados directos, lo que abriría la puerta a la implementación parcial del decreto mientras se dirimen otros litigios.
Especialistas advierten que una decisión favorable a la Casa Blanca podría dificultar el uso de demandas colectivas como herramienta para frenar acciones presidenciales. “Este caso pondrá a prueba hasta qué punto la Constitución sigue siendo una garantía para todos”, advirtió Galindo.
La Enmienda 14 otorga la ciudadanía a toda persona nacida en Estados Unidos, salvo en el caso de hijos de diplomáticos o personal militar extranjero. La iniciativa de Trump plantea incorporar una nueva excepción basada en el estatus migratorio de los padres, lo que marcaría un giro en una práctica vigente en más de 30 países del mundo.