La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador dictó este martes una condena por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado Rodolfo Parker y su grupo familiar, obligándolos a devolver al Estado la suma de $1,680,918.35 por el incremento injustificado de su patrimonio durante el período en que Parker se desempeñó como legislador.
#JusticiaSV ⚖️| 𝗘𝘅𝗱𝗶𝗽𝘂𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗣𝗮𝗿𝗸𝗲𝗿 𝘆 𝘀𝘂 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝗿 𝗮𝗹 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 𝟭.𝟱 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗼́𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀
—Los demandados no pudieron justificar el incremento patrimonial que obtuvieron… pic.twitter.com/FohuhFKGs7
— Centros Judiciales El Salvador (@JuzgadosSV) May 6, 2025
Según el fallo, Parker y su familia incrementaron su riqueza de manera inexplicable entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2021, cuando el exdiputado ocupó su escaño en tres periodos consecutivos, primero por el Partido La Esperanza (PES) y luego por el Partido Demócrata Cristiano (PDC).
La condena afecta a varios miembros de la familia Parker, quienes deberán restituir las siguientes cantidades:
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Rodolfo Antonio Parker Soto: $516,174.49
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Cristina Renate Wein de Parker (esposa del exdiputado): $330,939.22
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Andrés Rodolfo Parker Wein (hijo del exdiputado): $731,123.88
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Sofía Cristina Parker Wein (hija): $19,700
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Katya Renate Parker Wein (hija): $82,980.76
Aunque algunos miembros de la familia lograron justificar ciertas irregularidades en sus bienes, la Corte determinó que el exdiputado deberá no solo devolver la cantidad mencionada, sino también cumplir con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de diez años.
El caso de Rodolfo Parker se enmarca dentro de una serie de investigaciones por enriquecimiento ilícito en funcionarios públicos, y es importante señalar que actualmente Parker es uno de los implicados en el caso de la masacre de la Universidad Centroamericana (UCA) del 16 de noviembre de 1989, un hecho trágico en la historia reciente de El Salvador.
Además, el caso de la masacre de la UCA pasó a la etapa de vista pública el 18 de noviembre de 2024, en la que también están acusados varios exfuncionarios, incluido el expresidente de la República, Alfredo Cristiani, y varios exmilitares, entre ellos Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, y Rafael Humberto Larios López.
Este fallo es una de las decisiones más recientes en el marco de la lucha contra la corrupción en El Salvador, y sigue poniendo en evidencia la importancia de la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y sus familias.