El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó este martes que cuatro extranjeros vinculados a la empresa Venicars continúen en detención provisional mientras enfrentan nuevas acusaciones por diversos delitos relacionados con una presunta estafa masiva. Los procesados son los venezolanos Daniel Alejandro Guzmán, Bryan Alexander Camacho Melean y Heidy Jhoanna Álvarez, así como el ecuatoriano Gabriel Alexander Ponce Ruiz.
Los imputados están acusados de los delitos de lavado de dinero y activos, estafa agravada, captación ilegal de fondos, defraudación a la economía pública y agrupaciones ilícitas. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó 10 nuevas denuncias en contra de los procesados, las cuales se suman a otras 10 previamente admitidas en el proceso judicial. Además, los fiscales informaron que existen 580 denuncias certificadas y más de 1,000 en investigación, todas vinculadas a un esquema fraudulento de estafa.
La acusación sostiene que los imputados, a través de Venicars, ofrecían vehículos con una «alternativa económica» para personas sin acceso a crédito bancario. Las víctimas debían pagar una «suscripción» inicial y luego abonar cuotas mensuales, con la promesa de recibir su automóvil en un plazo máximo de 20 días, lo cual nunca ocurrió. En muchos casos, los vehículos nunca fueron entregados, dejando a las víctimas sin sus ahorros.
El juez admitió los nuevos indicios presentados por la Fiscalía y autorizó que las denuncias adicionales sean incorporadas al expediente principal del caso. Además, se mantuvo la medida de detención provisional para los imputados mientras continúa el proceso judicial.
El caso fue destapado el 18 de marzo, cuando la Fiscalía llevó a cabo allanamientos en dos sucursales de Venicars, ubicadas en Century Plaza, en la calle Manuel Enrique Araujo, y en la calle La Mascota, en San Salvador. Las investigaciones comenzaron tras las denuncias de al menos 10 personas que afirmaron haber sido estafadas al pagar por vehículos que nunca recibieron.
Durante los operativos, las autoridades lograron congelar fondos por un total de $848,359.79 en cinco cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Se estima que el monto total defraudado podría superar los $2,500,000, lo que convierte este caso en uno de los fraudes más grandes en la historia reciente del país. Venicars operó en El Salvador entre octubre de 2024 y marzo de 2025, momento en el que se realizaron las capturas de los implicados.
El proceso continúa y se espera que las investigaciones sigan arrojando más información sobre las operaciones fraudulentas de la empresa y sus responsables.