Un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado la apertura de diligencias para investigar si el apagón eléctrico que afectó a la totalidad de la Península Ibérica este lunes podría haber sido provocado por un sabotaje informático contra infraestructuras críticas, lo que, de confirmarse, podría constituir un delito de terrorismo.
En una resolución judicial, el magistrado ha solicitado al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación S.A. la elaboración de informes detallados sobre las causas del corte de suministro, que deberán ser entregados en un plazo improrrogable de diez días. Asimismo, se ha requerido a la Jefatura de Información de la Policía un informe preliminar sobre los hechos.
El juez fundamenta su decisión en que el incidente afectó sistemas clave para servicios esenciales como energía, salud, transporte e industria, generando una situación crítica para la seguridad ciudadana. Aunque la causa sigue sin esclarecerse, considera que no puede descartarse un posible acto de ciberterrorismo.
El Gobierno ha explicado que el apagón se debió a la pérdida repentina de 15 GW de potencia eléctrica, lo que representa aproximadamente el 60 % del consumo en ese momento. Un hecho inédito, según las autoridades.
Por su parte, Red Eléctrica ha señalado que no se ha detectado ninguna intrusión en sus sistemas de control, y apunta como causa preliminar a dos pérdidas de generación eléctrica independientes previas al corte.
La investigación judicial continúa en curso a la espera de los informes técnicos.