Una jueza federal en Colorado dictaminó este martes que el Gobierno de Estados Unidos no puede deportar a dos inmigrantes venezolanos sin antes revisar sus casos, lo que frena temporalmente la expulsión de alrededor de 100 connacionales detenidos en un centro privado de detención en Aurora, cerca de Denver.
El fallo, emitido por la jueza Charlotte N. Sweeney, responde a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que denunció que los venezolanos detenidos no habían tenido acceso a una audiencia ante un juez de inmigración.
La decisión impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trasladar a los dos hombres, de 25 y 32 años, a El Salvador, país al que planeaba deportarlos pese a que son ciudadanos venezolanos. Ambos cruzaron la frontera en Texas hace algunos años y actualmente permanecen detenidos en Colorado.
La jueza concluyó que los migrantes enfrentaban un riesgo real de deportación injusta y de sufrir daños irreparables si eran enviados sin la debida revisión legal. También ordenó que cualquier información relacionada con sus casos se les proporcione en español.
El caso ha sido celebrado por defensores de inmigrantes. Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, calificó el fallo como un alivio para una comunidad que, según dijo, ha sido desproporcionadamente afectada por las acciones del DHS.
Aunque los abogados del Gobierno argumentaron que este tipo de restricciones limitan su capacidad para aplicar las leyes migratorias, la jueza Sweeney priorizó el derecho al debido proceso legal, recalcando que el interés público se ve mejor protegido cuando se respetan los derechos fundamentales de los inmigrantes.
La decisión no implica la liberación de los detenidos ni el otorgamiento de asilo, pero sí garantiza su derecho a una revisión justa de sus casos antes de cualquier intento de deportación.