La figura del cardenal italiano Angelo Becciu se ha convertido en uno de los focos de atención de cara al cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco, tras su condena en 2023 a cinco años y medio de prisión por delitos financieros. A pesar de haber sido apartado de sus privilegios por el propio Pontífice, Becciu insiste en que tiene derecho a participar en la elección del nuevo papa.
Becciu fue el primer cardenal juzgado penalmente en el Vaticano y recibió una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la Santa Sede. Aunque el papa Francisco lo destituyó de forma inmediata y lo despojó de sus derechos cardenalicios, no hubo una expulsión formal del Colegio Cardenalicio ni se le solicitó la renuncia por escrito.
Este vacío legal es precisamente lo que alimenta el debate. En una reciente entrevista, Becciu afirmó: “No pueden negarme ese derecho”, en alusión a su participación en el cónclave. También criticó que su exclusión solo se comunicó a través de una nota de prensa, sin valor jurídico formal.
El lunes, Becciu asistió a una reunión preliminar con otros cardenales, lo que ha intensificado las dudas sobre su estatus. Asegura que en el último consistorio el papa reconoció que sus prerrogativas seguían intactas, y sostiene que nunca hubo una voluntad explícita de dejarlo fuera del proceso electoral.
La situación genera incertidumbre sobre si será admitido en la Capilla Sixtina durante la elección, donde 135 cardenales menores de 80 años —casi el 80% designados por el propio Francisco— están convocados a elegir al próximo pontífice. La mayoría de ellos responde a una visión reformista, con una representación más amplia de regiones como Asia, África y América Latina.
El cónclave, que se celebrará a puerta cerrada, requerirá una mayoría de dos tercios para elegir al nuevo papa. Mientras tanto, la presencia o no de Becciu podría marcar un precedente sobre los límites del poder papal y el papel de la justicia en el seno de la Iglesia.