El Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana (AC) presentó el estudio “Tamizaje de candidaturas en los partidos políticos salvadoreños”, donde se revela los criterios poco estrictos que tienen para depurar candidaturas a las elecciones de 2021.
AC se basó en los estatutos y reglamentos de los 10 institutos políticos: GANA, ARENA, FMLN, PCN, PDC, CD, Nuevas Ideas, VAMOS, Nuestro Tiempo y DS. Cabe destacar que el estudio se hizo entre enero y febrero de este año; por la pandemia se postergó la presentación, es así que aclaran que a la fecha ya puede haber una variación en los procesos internos que los partidos están realizado.
Entre los hallazgos más importantes del estudio están:
- La mayoría no exige preparación académica ni experiencia profesional; solo en ARENA y el FMLN hacen una “breve alusión” a estos requisitos, y solo Nuestro Tiempo exige específicamente la “formación política”.
- Ningún partido establece sanciones por proporcionar datos falsos o incompletos de la candidatura.
- Ninguno exige revelar fuente proyectada de financiamiento de campaña.
- Los partidos en contienda tampoco preguntan a sus aspirantes cuál es la fuente de sus ingresos, no hacen declarar sus conflictos de interés, no verifican si tienen procesos abiertos o finalizados en la Corte de Cuentas de la República (CCR), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- Solo Nuevas Ideas y VAMOS señala que solicitarán antecedentes penales y solvencia policial.
Ante estos resultados, Acción Ciudadana resalta la importancia de verificar aspectos personales, profesionales y éticos que los partidos deberían evaluar para “garantizar que personas idóneas y probas ocupen candidaturas”. “Es de vital importancia para el adecuado desempeño de un cargo de elección popular, la experiencia y formación política. Quien aspira a ocupar un alto cargo público debe contar con, al menos, conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado, los principios constitucionales, la función pública, entre otros”, indica.
También, señalan que un aspecto central en el ejercicio de un alto cargo público, es la ausencia de cualquier conflicto de intereses que pueda afectar el desempeño de la función pública. “Estos conflictos de interés podrían originarse por la vinculación profesional o gremial que tengan las personas que ocupan las candidaturas, lo que provocaría un ejercicio del cargo parcializado, desatendiéndose del bien común, ya que se procuraría por los intereses del sector con el que tiene afinidad el funcionario. Por eso, se vuelve preocupante que ningún partido político exija a sus aspirantes la presentación de declaración de conflictos de interés”, valora.
“El crimen organizado logra acceso a la política vía el dinero, tanto el que financia las campañas o el forma parte del patrimonio de las personas aspirantes a una candidatura. Por esa razón, es sumamente relevante que los partidos verifiquen la fuente de ingreso de las personas aspirantes, para asegurarse que el origen del patrimonio de las personas que presentarán al electorado, es lícito”, agrega en cuanto al financiamiento de campañas políticas.
RESUMEN DEL ESTUDIO: