La Asamblea Legislativa aprobó este 22 de junio una nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. La normativa, que contó con 72 votos, contempla, entre otros beneficios, que toda institución pública y privada estará obligada a contratar a una persona con discapacidad por cada veinte trabajadores que tenga a su servicio.
Los diputados se mostraron a favor de la visión integral de la norma, la cual incluye derecho a la salud -gratuita en el sistema público del país-, a la educación inclusiva en todos los niveles: básica y superior; derechos económicos, sociales, culturales y políticos.
Otros beneficios que establece el cuerpo normativo es la seguridad social, definiendo que todo cotizante al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM) e Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA), tendrá derecho a inscribir como beneficiarios de los servicios de salud y suministros de medicamentos a sus familiares con discapacidad hasta con segundo grado de consanguinidad que dependa directamente de este.
En el articulado se reconoce como lengua oficial y natural de las personas sordas la Lengua de Señas Salvadoreña (LESSA); este sector accederá a una pensión universal que será diferenciada y se determinará por medio de una evaluación a su discapacidad. Entre las novedades de la ley, está que se deberá crear un fondo especial exclusivo para la ejecución de proyectos o programas de inclusión para beneficiar a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, de los cuales el 55% son mujeres y el 45% son hombres, según datos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD).
Los recursos del fondo provendrán de la aplicación de “sanciones pecuniarias”, las cuales serán aplicadas a través de un Tribunal Administrativo Sancionador, entidad que se encargará de conocer las denuncias por incumplimiento de la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad, e imponer las sanciones respectivas que se clasifican en: pecuniarias y no pecuniarias -son de tipo económico y podrían ser desde 1 a 9 salarios mínimos-; las infracciones se catalogan en leves, graves y muy graves. Dicho tribunal iniciará funciones después de un año de entrada en vigencia de la Ley.
La ley entre sus apartados consigna que las personas con discapacidad podrán tener acceso a créditos, seguros médicos, transporte público accesible y a formar una familia; el Ministerio de Educación deberá proporcionar personal de apoyo cuando un alumno con discapacidad lo necesite. Asimismo, se reitera el derecho de este sector para votar y postularse a cargos de elección popular sin discriminación, entre otros.
El CONAIPD, en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en el año 2015 realizaron una encuesta nacional, la que señala que la tasa de prevalencia a esa fecha de personas con discapacidad era del 6.4% del total de la población -6 millones 460 mil 336-, indicando que 410,798 personas tienen algún tipo de discapacidad. Las mujeres con discapacidad alcanzan el mayor porcentaje, con 54.2%, en tanto los hombres el 45.8%. La mayor concentración de personas con discapacidad se encuentra en edades de 25 a 64 años y en edades de 65 años y más.
Parlamentarios resaltan la importancia de la nueva normativa de inclusión
Al avalar la normativa, el presidente Mario Ponce resaltó el esfuerzo que realizó la comisión de la familia al “entregar una ley actualizada para las personas con discapacidad.
Por su parte, el diputado David Reyes de ARENA, quien preside la comisión de la familia, dijo: “Este es un día significativo e histórico para las personas con discapacidad porque aprobamos la nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, instrumento que nos permitirá hacer cumplir nuestros derechos y deberes, cambiar ese enfoque o estigma, es uno de los retos más importantes. Es un proyecto que busca generar un cambio cultural en la sociedad sobre cómo ve a las personas con algún tipo de discapacidad”.
Mientras que la legisladora Guisela de Portillo del FMLN sostuvo: “Estamos dando cumplimiento a los artículos 1 y 3 de la Constitución, así como al Convenio de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ratificado por El Salvador. Por eso hemos dedicado el mayor tiempo al estudio de esta ley que consta de 19 capítulos y 137 artículos e incorpora disposiciones que garantizarán el cumplimiento de los derechos humanos de estas. Con la ley se espera dejar atrás la discriminación con el tabú de que la discapacidad es una enfermedad. Esta es una deuda histórica de reconocer a las personas con discapacidad como sujetos de plenos derechos”.
“Sé que esta es una luz para todas las personas que han confiado en el trabajo de la comisión, ha sido un trabajo largo, un trabajo de casi de dos años que hoy vemos sus frutos. A raíz de tanto testimonio que pudimos escuchar y como se han vulnerado los derechos, nos creado un conciencia más humana”, agregó por su parte la parlamentaria Rebeca Cervantes de GANA.
La Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad se formuló con base a 17 iniciativas promovidas por diversos diputados y sectores de la sociedad; en ese sentido, la comisión de la familia organizó consultas para enriquecer su contenido, a través de 4 foros consultivos y un conversatorio.