La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de 22 años de prisión para el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, en el marco de un caso por incumplimiento de deberes. La solicitud fue presentada ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde este martes se reanudó la vista pública con la presentación de los informes de actualización de los estados de cuenta de las instituciones financieras vinculadas al caso. La FGR señaló que de los 44 informes requeridos, 41 fueron entregados por escrito y uno más de manera digital, lo que permitió continuar con los alegatos finales del juicio.
La acusación contra Muyshondt se centra en su presunto incumplimiento en el pago de cuotas laborales a empleados de la Alcaldía de San Salvador. En consecuencia, los fiscales pidieron ocho años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes agravados en dos de los tres casos iniciales, lo que suma un total de 16 años. Además, solicitaron seis años más por el delito de apropiación indebida de prestaciones tributarias, lo que eleva la pena solicitada a 22 años de cárcel.
Por su parte, el abogado defensor de Muyshondt, Óscar Argueta, calificó como «injusta» la pena solicitada por la Fiscalía, y expresó su desacuerdo con los 22 años de prisión. «Está dentro de los parámetros legales, pero injusta en atención a que por la tarde expresaremos nuestros alegatos», comentó Argueta.
El caso involucra el impago de prestaciones laborales y fue denunciado por la Fiscalía debido al incumplimiento de deberes y la apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía capitalina y la Dirección de Desechos Sólidos. Además de Muyshondt, en este proceso están involucrados el exrepresentante legal de la Dirección de Desechos Sólidos, Francisco Chacón; el exdirector de Finanzas de la Alcaldía, Santos Omar Muñoz; y el extesorero, Fernando Heriberto Portillo.
La FGR también solicitó 14 años de prisión para Santos Muñoz, de los cuales seis serían por incumplimiento de deberes y ocho por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Para Fernando Heriberto Portillo, la Fiscalía pidió una pena de 20 años, distribuidos en seis por incumplimiento de deberes, ocho por apropiación o retención de cuotas laborales, y seis más por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias. Por último, para Francisco Chacón, la FGR solicitó una pena de 16 años de cárcel, ocho por incumplimiento de deberes agravados y ocho por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Además, la Fiscalía pidió una responsabilidad civil en abstracto, ya que no se ha determinado un monto específico, ya que varios de los afectados han sido ya compensados.