Un total de 28 organizaciones de diferentes sectores de la sociedad enviaron este miércoles una carta al fiscal general, Raúl Melara, pidiendo que promueva acción penal contra todo funcionario que «desobedezca la Constitución de la República y las sentencias de la Sala de lo Constitucional».
“Ante la última sentencia de la Sala de Constitucional, emitida el 8 de junio, que declara inconstitucionales los Decretos Ejecutivos que regulaban la cuarentena y otras medidas, y en la cual la Sala ha llamado al respeto y entendimiento entre los órganos del Estado, consideramos necesario que la Fiscalía General de la República mantenga un rol activo, para garantizar la legalidad y el cumplimiento de la referida sentencia”, expresaron las organizaciones.
“Consideramos urgente que ejerza, en plenitud y con contundencia, todas sus facultades constitucionales en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad, promoviendo la acción penal contra los funcionarios que cometan actos contrarios a la ley y que desobedezcan la Constitución, así como las resoluciones de la Sala”, agregan en la carta enviada al fiscal.
Estas instituciones recuerdan que en el contexto de la emergencia por la pandemia de COVID-19 se han dado una serie de actos y medidas gubernamentales que “son violatorios de derechos fundamentales y principios democráticos”.
“Es del conocimiento público que el Órgano Ejecutivo se ha negado de forma sistemática a dar cumplimiento a resoluciones judiciales emanadas de la Sala de lo Constitucional y a recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), desconociendo las facultades de esos órganos de Gobierno. Es necesario remarcar que las resoluciones de la Sala son de obligatorio cumplimiento; de igual forma, los pronunciamientos de la PDDH deben ser acatados”, señalaron.
Si bien en la misiva dicen reconocer la labor que el Ministerio Público ha desarrollado con “algunos” actos de investigación para determinar la legalidad de ciertas medidas ejecutadas por el Gobierno, le piden que debido a que las “actuaciones ilegales persisten, es necesaria una labor protagónica y efectiva por parte de la Fiscalía”.
“Como organizaciones respaldaremos todas las acciones de investigación y los procedimientos que sean realizados por la FGR, siempre y cuando estén enfocados en garantizar seguridad jurídica de la República y hacer que se acaten las órdenes judiciales que tutelan derechos fundamentales”, concluyeron.
Al cierre de esta nota, el Gobierno y los diputados aún no se habían reunido para construir y aprobar una nueva normativa para combatir el covid-19. Desde el martes, existe una disputa de poder para escoger en dónde deben reunirse; la Sala solo dio cuatro días y un día de esos ya se perdió. Hasta ahora, los diputados solo se han reunido para discutir los proyectos de estado de emergencia nacional que envió la Presidencia, pero en dicha ley no solicitaron ninguna medida de contención para la pandemia.
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