El fiscal general de la República, Raúl Melara, se pronunció esta mañana sobre la sentencia que emitió anoche la Sala de lo Constitucional y advirtió que va “actuar de manera inmediata” contra aquellos que no cumplan lo ordenado.
“La Sala se ha pronunciado sobre la legalidad y efectos de toda la normativa emitida con respecto a la pandemia. Ahora, nuestra misión es asegurarnos que nadie incumpla lo ordenado y si esto sucede, vamos actuar de manera inmediata en contra de los infractores”, indicó Melara en sus redes sociales.
El titular del Ministerio Público también expresó que “nuevamente” la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo “tienen la oportunidad y obligación de ponerse de acuerdo para emitir una Ley que vele por la salud y respete los derechos fundamentales de los salvadoreños”.
Al decir «nuevamente», el fiscal hace referencia a que es la segunda vez que la Sala hace un llamado a tener un consenso, ya que semanas atrás el Ejecutivo y el Legislativo se sentaron a dialogar pero al final no rindió frutos porque el Gobierno de Nayib Bukele dijo que eran 15 días de «cuarentena estricta» o no había ley. Precisamente, el fin de semana se anunció que mandatario vetó la Ley Estado de Emergencia Nacional, Salud y Reapertura Económica.
Ayer, la Sala de lo Constitucional resolvió el conflicto generado por el Decreto Ejecutivo 29 y sus demás extensiones, declarándolo inconstitucional, pero da cuatro días más para que siga y terminen sus efectos, a fin de que el Gobierno central y la Asamblea Legislativa logren emitir en ese plazo una nueva normativa para combatir la pandemia del covid-19.
El Decreto Ejecutivo 29 es donde el Gobierno declaró una nueva cuarentena nacional y ordenó medidas como salidas por DUI, no circulación del transporte público, entre otras. La razón – expuso la Sala- es que el Ejecutivo violó el artículo 131 de la Constitución de la República, ordinal 27, ya que el ramo de Salud no tiene competencia para emitir normativas que suspendan derechos fundamentales de la población, como el derecho a la libertad de circulación.
El máximo tribunal también declaró inconstitucional dos decretos legislativos y más de 10 decretos ejecutivos.
