El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, expresó hoy el respaldo del órgano legislativo a la decisión del Ejecutivo de congelar el escalafón en los sectores de salud y educación para el año 2025. No obstante, aseguró que están dispuestos a reunirse con el gremio médico para discutir el tema en profundidad.
“Esta es una decisión del Ejecutivo. El ministro de Hacienda ha presentado esta propuesta y, dado que proviene de ellos, seguramente han dialogado previamente con este gremio. Quiero dejar claro al pueblo salvadoreño que apoyaremos todas las decisiones y medidas necesarias”, afirmó Castro.
El presidente del Legislativo subrayó su disposición a dialogar con todos los sectores, en particular con el gremio médico. “Estamos siempre abiertos a platicar con todos, como lo hicimos anteriormente y como seguramente lo haremos nuevamente”, añadió.
La diputada Marcela Villatoro cuestionó la decisión del Ejecutivo, afirmando que la eliminación de incentivos para maestros y médicos es un irrespeto a la ley. “Esto es un retroceso a los derechos laborales. Quitar el escalafón a estos profesionales es un gran menoscabo, ya que es el único incentivo que tienen”, señaló Villatoro.
Además, la diputada del partido Arena comentó que, para contrarrestar esta situación, su partido presentó la Ley de la Función Pública, con el objetivo de proteger los derechos colectivos y dar estabilidad laboral. Sin embargo, lamentó que esta propuesta fue rechazada por Nuevas Ideas.
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, también criticó la medida, subrayando la importancia de mantener incentivos para los servidores públicos en los sectores de salud y educación. “El congelamiento es una medida radical y no debe ser permanente. El ministro de Hacienda deberá explicar cómo piensa conciliar esta decisión con ambos gremios”, afirmó Ortiz.
El 30 de septiembre, el ministro de Hacienda anunció que, como parte del proyecto de Presupuesto General del Estado, se congelarían los escalafones de salud y educación. También se suspenden los incrementos y nivelaciones salariales, así como la programación de nuevas plazas en todas las instituciones, manteniendo únicamente la cantidad de plazas vigentes.