El Ministerio de Hacienda ha presentado el Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2025, el cual asciende a $9,663 millones. Esta cifra representa una disminución de $595 millones en comparación con el presupuesto aprobado para 2024.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que el Órgano Legislativo solicitará un presupuesto de $46.9 millones para 2025, lo que implica una reducción de $7.2 millones respecto al presupuesto de $54.1 millones del año anterior.

Por otro lado, el Órgano Judicial recibirá una asignación de $485.7 millones, lo que refleja un incremento de $42.7 millones con respecto a 2024. El Órgano Ejecutivo, por su parte, tendrá un presupuesto de $5,210 millones, lo que representa un aumento de $64.8 millones en comparación con el año anterior.

Las principales áreas prioritarias del presupuesto incluyen:

  • Educación: $1,535.8 millones (reducción de $31.1 millones).
  • Salud: $1,170.1 millones (reducción de $91.1 millones).
  • Justicia y Seguridad Pública: $589 millones (reducción de $15.5 millones).
  • Obras Públicas: $724.7 millones (incremento de $81.2 millones).
  • Defensa Nacional: $314.3 millones (incremento de $52.9 millones).
  • Gobernación y Desarrollo Territorial: $283.6 millones (incremento de $20.2 millones).

Además, se destacan las asignaciones para otras áreas como Hacienda ($93.4 millones, aumento de $28.6 millones), Economía ($75.2 millones, incremento de $17.7 millones) y Turismo ($41.5 millones, reducción de $2.4 millones).

Las instituciones también verán ajustes en sus presupuestos. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, recibirá $88.5 millones, lo que representa una reducción de $53.8 millones, mientras que el Tribunal Supremo Electoral tendrá una asignación de $8.3 millones, disminuyendo en $2.8 millones respecto al año anterior.

La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa será la encargada de analizar y evaluar cada uno de los montos asignados en este presupuesto, con el objetivo de garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos del Estado.

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