Othon Sigfrido Reyes Morales, expresidente de la Asamblea Legislativa y exdiputado del FMLN, ha presentado una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Reyes alega que se han violado al menos ocho de sus derechos humanos y los de su familia, según la Convención Americana de Derechos Humanos.
En su denuncia, Reyes afirma que el Estado salvadoreño ha vulnerado sus derechos a la igualdad ante la ley, protección judicial, y a un juicio justo por un juez independiente e imparcial. También menciona la falta de comunicación previa y el derecho a un procedimiento legal adecuado.
Reyes sostiene que esta persecución política, supuestamente orquestada por la Corte Suprema de Justicia y el exfiscal Raúl Melara, busca eliminarlo de la política y ha causado daño a él y a personas inocentes. Enfrenta cargos de lavado de dinero, peculado y estafa agravada, incluyendo la apropiación indebida de $106,000 y el lavado de $472,000.
El proceso penal también involucra a su hermano Earle Reyes Morales, el exasesor Byron Enrique Larrazábal, y tres exempleados de la Corte de Cuentas y tres empleados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). La Fiscalía ha iniciado un proceso de extinción de dominio, inicialmente incautando bienes familiares, aunque en 2022 una Cámara ordenó la descongelación de 25 bienes.