Andrés Guzmán, Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, ha puesto en duda la credibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la publicación de su reciente informe que documenta presuntas violaciones a los derechos humanos en el país y llama al gobierno de Nayib Bukele a suspender el régimen de excepción.
Guzmán, de nacionalidad colombiana, instó a la CIDH a revisar sus procedimientos para restaurar la confianza en la institución, asegurando «imparcialidad», «rectificación» y «demostración de que es una entidad digna de confianza y respeto».
El informe de la CIDH, publicado el miércoles, incluye testimonios de 29 personas que acusan torturas, malos tratos, abusos en sanciones disciplinarias y detenciones arbitrarias en El Salvador.
Guzmán cuestionó la imparcialidad del informe, señalando un «conflicto de interés» por los «vínculos financieros compartidos» entre la CIDH y la organización no gubernamental Cristosal, una de las principales fuentes del informe. «Como se ha revelado, tanto la CIDH como Cristosal reciben financiación de las mismas entidades, como la Open Society Foundation y la Ford Foundation. Esta relación financiera, que no ha sido adecuadamente explicada ni justificada en el informe, plantea un claro conflicto de interés que socava la credibilidad de la Comisión», afirmó Guzmán.
En respuesta al informe, dos comisionados de la CIDH han sugerido en su voto razonado una «mayor difusión y transparencia» sobre el uso de los recursos financieros de la CIDH.
Guzmán también expresó preocupaciones sobre una posible vulneración del derecho de defensa del Estado salvadoreño y cuestionó la objetividad del documento, señalando «problemas metodológicos» en el informe, falta de explicación sobre la selección de testigos, procesos de entrevista y selección, y la necesidad de demostrar que las decisiones de la CIDH están «libres de influencias externas».