La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos la vigésima octava prórroga del régimen de excepción, manteniendo suspendidos varios derechos constitucionales. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, el gobierno acumula más de 655 días sin homicidios y ha capturado más de 81,100 individuos, incluidos líderes de pandillas, durante este período.
Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados han extendido mensualmente este régimen, amparados en el artículo 29 constitucional que permite suspender garantías en casos de graves perturbaciones del orden público, con una duración inicial de 30 días que puede prolongarse.
El gobierno argumenta que es esencial intensificar las operaciones de inteligencia para combatir a las organizaciones criminales, consideradas la mayor amenaza para el Estado debido a su actividad delictiva persistente.
Sin embargo, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario reportan 305 muertes de personas detenidas bajo este régimen, incluyendo casos de presunta violación a derechos humanos, como la reciente muerte de una mujer en el centro penal de Apanteos, Santa Ana, y más de 6,000 denuncias en abril por violaciones similares.