En un contexto marcado por la violencia desatada por las pandillas, El Salvador ha cumplido dos años bajo un régimen de excepción, una medida implementada tras la devastadora matanza de 87 personas en solo tres días, del 25 al 27 de marzo de 2022. Este acto brutal fue percibido como un intento de extorsión por parte de las pandillas hacia el gobierno.
Desde entonces, el gobierno salvadoreño ha llevado a cabo una intensa campaña de captura de presuntos pandilleros y colaboradores, con un total de 78,175 arrestos, según datos oficiales. Sin embargo, organizaciones sociales han levantado la voz sobre más de 3,500 denuncias de violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, casos de tortura y la preocupante cifra de 180 muertes de personas bajo custodia estatal.
La Asamblea Legislativa, ha aprobado sucesivas prórrogas del régimen de excepción, siendo la última la vigésima tercera. En esta última aprobación, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa por el partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro, reafirmó el compromiso de prolongar el régimen hasta que el último pandillero sea capturado.
La aprobación de esta vigésima tercera prórroga, respaldada con 67 votos, extiende el régimen hasta el 10 de abril de 2024. Los diputados de Nuevas Ideas han dejado claro que seguirán prolongando la medida según sea necesario.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, ha presentado informes al Consejo de Ministros donde destaca los resultados del régimen de excepción, mencionando la captura de más de 78,175 «terroristas», según lo expresado en la solicitud.
Cabe señalar que esta prórroga, al igual que desde su inicio, mantiene suspendidos ciertos derechos constitucionales, incluyendo la intervención de las telecomunicaciones sin orden judicial, la prolongación de la detención sin audiencia de 72 horas a 15 días y la restricción del derecho de defensa del detenido, en aras del «restablecimiento del orden, la seguridad ciudadana y el control territorial», como establece la Constitución de la República.
Este prolongado estado de excepción en El Salvador continúa siendo motivo de debate y controversia, ya que se plantean interrogantes sobre su efectividad en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos fundamentales de la población.