La expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, del partido FMLN, junto con su hija Ana Virginia Guardado Peña, están sometidas a la última audiencia del juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito por la suma de $277,482.54. La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador tomará decisiones fundamentales durante la audiencia probatoria para determinar la responsabilidad de ambas o su exoneración.
La demanda fue presentada por fiscales de la Unidad Anticorrupción después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontrara indicios de enriquecimiento ilícito por parte de la exdiputada del FMLN. La resolución, respaldada por nueve de los 15 magistrados de la CSJ, se basa en un informe de la Sección de Probidad que señala un incremento patrimonial que las demandadas no pudieron justificar.
En la resolución emitida el 26 de enero de 2023, los magistrados que apoyaron el juicio civil señalan que existen indicios de enriquecimiento ilícito durante los periodos legislativos del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018, cuando Lorena Peña ocupaba el cargo de diputada propietaria de la Asamblea Legislativa.
Durante su primer período, se detectó un aumento patrimonial de $264,143.19, y en el segundo, un total de $13,339.35, sumando $277,482.54. Se cuestionan 15 irregularidades en total, reflejando un incremento patrimonial de $140,521.6 para Lorena Peña y $136,960.94 para su hija.
Las acusaciones incluyen siete irregularidades para la exdiputada y ocho para su hija, abarcando pagos de depósitos bancarios en efectivo y tarjetas de crédito. La audiencia probatoria será decisiva para determinar si la exdiputada y su hija son encontradas responsables o si serán exoneradas en este caso de enriquecimiento ilícito.