Según la magistrada presidente del Tribunal Supremos Electoral, un total de 11,109 urnas de votación serán objeto de apertura para dar respuesta a las reclamaciones de todos los partidos políticos debido a las deficiencias en el sistema de transmisión de resultados electorales durante los comicios del domingo 4 de febrero.
El proceso de escrutinio definitivo dará inicio este 6 de febrero, tomando como referencia exclusivamente 6,015 actas de escrutinio de la elección presidencial que fueron digitalizadas y transmitidas con éxito. Se descartarán, por lo tanto, las actas manuales que las Juntas Receptoras de Votos fueron instruidas a realizar a las 2:12 a.m.
La apertura de las 2,547 urnas con papeletas de votación presidenciales y de las 8,562 urnas con papeletas de votación legislativa fue anunciada por la magistrada presidenta, Dora Esmeralda Martínez de Barahona. Durante su comunicado, la funcionaria, sin aceptar preguntas de los periodistas, omitió proporcionar explicaciones sobre la elección de utilizar las actas transmitidas como base para el escrutinio definitivo, excluyendo las actas manuales, que serán reemplazadas por el recuento de votos individual.
Asimismo, no se brindó información sobre el protocolo de custodia aplicado a los paquetes electorales que albergan las papeletas, las cuales serán sometidas a un recuento para determinar los resultados finales tanto de la elección presidencial como de la elección de candidatos a diputados.
En cadena nacional, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se vio incapaz de proporcionar explicaciones con respecto a las dificultades experimentadas por numerosas Juntas Receptoras de Votos (JRV) en la transmisión de sus actas. Además, el Tribunal no abordó la razón detrás de la duplicación de resultados provenientes de papeletas ingresadas en el sistema. En una conferencia de prensa, los magistrados optaron por no responder preguntas, dejando en incertidumbre los motivos detrás de estas anomalías.
Un técnico vinculado al proceso sugirió la posibilidad de que se tratara de un error de programación en el software, aunque esta explicación no fue confirmada ni refutada por los representantes del Tribunal.