Un perito propuesto por la Fiscalía General de la Republica (FGR) que realizó un examen financiero tributario, declaró en el juicio de saqueo público, que la presidencia de Mauricio Funes pago $3.1 millones a proveedores de alimentos de la cuenta de gastos reservado, pero que no constan los contratos sobre los servicios que prestaron.
Además, el perito afirmó que los pagos se realizaban de cuentas a nombres del exgerente financiero institucional, Francisco Rodríguez Arteaga y de Pablo Gómez, quien era asistente técnico financiero de casa presidencial, y los cheques se extendían por medio de gerencia.
El perito mencionó que ambas cuentas del banco hipotecario hacen un total de $3,179,550, en concepto de servicios de alimentación, decoración, arrendamiento de locales y otros bienes.
También declaró que el pago de los $3,179,550 se realizó en el periodo del 1 de junio de 2009 al 31 de mayo del 2014 a 12 proveedores.
Mientras que la fiscal del caso dijo que la declaración corroboró su tesis, que no se cumplió con las normativas legales como la ley de adquisiciones y contrataciones de la admiración publica y que no se documentó adecuadamente el uso de los fondos. La fiscalía en su acusación asegura que los $351 millones fueron extraídos supuestamente de la cuenta de gastos reservados de la presidencia por medio de ocho cuentas a nombre de los empleados Francisco Arteaga y Pablo Gómez.