El Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) envió este viernes una carta a los diputados de la Comisión de Hacienda en la cual piden que «se tomen el debido tiempo para analizar y discutir» el préstamo de los $109 millones para la Fase III del Plan Control Territorial, con el fin de que ya no ocurra lo que pasó el 9 de febrero en la Asamblea, así como evitar actos de corrupción con los posibles «conflictos de interés que pueden haber en las relaciones del Órgano Ejecutivo con empresas o empresarios que venden insumos de seguridad”.
El IDHUCA basa su petición en tres factores, el primero es que se discutan «mecanismos normativos» para evitar que vuelva a suceder lo que pasó el domingo 9 de febrero cuando el presidente Nayib Bukele utilizó la Fuerza Armada y la Policía para tomarse el recinto legislativo, como una medida de presión para que los diputados aprobaran dicho préstamo.
«De lo contrario, reforzar estos cuerpos dotándolos de más tecnología, por ejemplo, sin previamente desarrollar mecanismos de control, no contribuye a la no repetición de los acontecimientos del pasado 9 de febrero», opinaron.
El segundo punto es un temor a que la tecnología que se quiere adquirir pueda vulnerar la «privacidad, intimidad y libertad de expresión» de cualquier persona. «Se utilizará para comprar tecnología cuyo uso, si no se limita desde la legislación, podría prestarse a excesos por parte de los cuerpos de seguridad, afectando inconstitucionalmente los derechos a la privacidad, la intimidad, integridad, la libertad de expresión, etc. (…). Por ello, la Asamblea Legislativa está llamada para que, en coordinación con el Ejecutivo, busquen el equilibrio entre el fortalecimiento de la seguridad y el respeto irrestricto del conjunto de derechos humanos», advirtieron.
Por último, pidieron que los parlamentarios «depuren o aclaren los posibles conflictos de interés o comportamientos antiéticos que la prensa ha revelado», en el sentido de la «llamativa relación» de los miembros del Órgano Ejecutivo con algunas empresas o empresarios que venden insumos de seguridad.
Este señalamiento del IDHUCA hace referencia a las investigaciones de medios de comunicación que revelaron el acercamiento o incluso amistad con el dueño de la empresa EyeTech Solutions (ETS), que es conocida en México por ganar contratos millonarios con estados en donde se implementan herramientas para la seguridad pública, como videovigilancia, y por vender aplicaciones para interferir llamadas telefónicas y mensajería, entre otros. Asimismo, el acercamiento de la empresa SeguriTech, misma que invitó al director de Centros Penales, Osiris Luna, a un viaje a México y supuestamente pagó su viaje en jet privado.
«Es pertinente que esta comisión llame a las autoridades gubernamentales que estarán involucradas en la ejecución del préstamo para que brinden las explicaciones y compromisos que garanticen el uso adecuado de los recursos, sin corrupción», apuntaron.
Los $109 millones, según ha detallado el Ministerio de Hacienda, será distribuido así: $25.9 millones para infraestructura y videovigilancia; $46.9 millones para dos helicópteros y otras compras para movilidad; $2.6 millones para equipo, infraestructura e inmobiliario médico para el Hospital Militar; $17.4 millones para equipo de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada; $12.9 millones para equipo médico; y $3.3 millones para administración y supervisión.