Con el inicio del régimen de excepción, los agentes del estado como victimarios de los desplazamientos, aumentaron. Según el último informe de Cristosal en conjunto con el servicio social pasionista y el instituto de derechos humanos de la universidad centroamericana José Simeón cañas, se registró entre 2020 y 2022 hubo 2,237 casos de desplazamiento forzado.
El informé indica que las casusas que provocan en mayor medida los desplazamientos forzados son, amenazas, el amedrentamiento, homicidio de un familiar, las lesiones y la extorsión. Así mismo tenemos factores como la limitación ilegal a la circulación, el allanamiento de morada y la privatización de libertad.
La ley mandata al estado a crear un registro único, estatal de personas en situación de desplazamiento forzado, situación que poco, y a punto, hasta el dia de hoy no tenemos conocimiento de que eso haya sucedido, entonces no tenemos datos oficiales, señalo Claudia Argueta de Cristosal.
Debido a la pandemia de COVID-19 en 2020 las tres organizaciones registraron pocos casos: 563 mientras que el siguiente año, luego de levantadas las medidas que restringían la movilidad aumentaron a 793 casos registrados y en 2020 llegaron a 881.