Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, se trasladó hasta Santa Tecla, en la carretera al puerto de La Libertad, donde desarrolló una verificación a la Distribuidora Zablah (Diszasa), la cual se dedica a la distribución de productos de consumo masivo.
“Hemos detectado una importante importación que, a partir de la información que nos ha proporcionado la Dirección General de Impuestos Internos, nuestros equipos están verificando las existencias y, sobre todo, verificar que se estén trasladando los beneficios a los consumidores”, dijo Salazar.
El funcionario explicó que gracias a estas inspecciones que se efectúan en todo el país se garantiza que los beneficios de las 11 medidas ante la inflación, anunciadas por el Presidente Bukele, sean trasladadas directamente a la población, para quienes fueron creadas.
“Aquí, es importante la colaboración de las empresas a efectos de que vamos a garantizar que se puedan trasladar los beneficios a los consumidores y evitar prácticas abusivas”, enfatizó Salazar.
De acuerdo con el funcionario, el incremento injustificado de precios por parte del proveedor puede conllevar a una multa de hasta 500 salarios mínimos, pues el Gobierno ha eliminado, por el periodo de un año, los aranceles a la importación de 20 productos, entre los que se encuentran insumos agrícolas.
