La Ley del Presupuesto General del Estado refleja un importante énfasis en áreas como Salud, Educación y Seguridad, en coherencia con los ejes priorizados por el Gobierno.
Para el rubro de Educación se han asignado $1,470 millones, es decir, $124 millones más (9.3%) que el año anterior, y el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Se prevé que estos recursos sean utilizados primordialmente en la modernización del sistema educativo, infraestructura de centros escolares, capacitación a los profesionales de la educación y el cierre de la brecha digital.
"En la #ComisiónHacienda, escuchamos a diferentes funcionarios del Gobierno para conocer sus proyectos previstos para el 2022. Como GANA nos sentimos orgullosos de acompañar con nuestros votos este presupuesto", diputado @GGallegos24.
— Asamblea Legislativa ?? (@AsambleaSV) December 23, 2021
Programas como Mi Nueva Escuela, Crecer y Aprender Juntos; y Nacer, Crecer y Aprender se verán fortalecidos con la apuesta presupuestaria del Gobierno actual.
La cartera de Salud contará con un presupuesto de $1,083.3 millones. Esta cifra representa un incremento de $45.8 millones (4.4%), respecto a lo aprobado en el año 2021.
Esta asignación garantiza los recursos económicos para la implementación de la Ley Nacer con Cariño, una apuesta de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, que brindará a la sociedad salvadoreña un giro total en la atención del recién nacido y su madre, desde el momento del parto, transformando este proceso en una experiencia positiva y humanizada.
También se dará continuidad al manejo que ha dado el Ministerio de Salud a la pandemia del COVID-19 y al esquema de vacunación para la contención de la propagación del virus.
Transformar el sistema de salud, para brindar una atención oportuna y de calidad, es otra de las apuestas del actual Gobierno en la asignación de recursos.
En materia de Seguridad la inversión ascenderá a $890 millones, con un incremento de $33.8 millones (4.0%) respecto al año anterior.
La apuesta del Ejecutivo es reforzar la continuidad de la Política Nacional de Justicia y Seguridad Pública, que tiene como principales componentes la prevención, y control del delito; la prevención social del delito y reconstrucción del tejido social, la modernización institucional, así como el acceso y administración de la justicia y la rehabilitación y reinserción.
Además, se pretende mantener los resultados del Plan Control Territorial que, hasta la fecha, continúa brindando resultados positivos en la disminución de los índices de criminalidad en el país.
A esto se suma el equipamiento para el personal de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada (FAES), encargados de la operatividad, así como la entrega de incentivos económicos en concepto de bonos para cada empleado de estas instituciones.
Los diputados explicaron que el presupuesto correspondiente a la Asamblea Legislativa asciende a $57 millones. Se ha contemplado una disminución de $3 millones en comparación con años anteriores, debido a la eliminación de plazas fantasmas y de activistas que por muchos años fueron financiados con el presupuesto institucional.
Asimismo, se redujo el monto asignado a cada grupo parlamentario, así como los gastos de los miembros de Junta Directiva.
En cuanto a la asignación para las organizaciones sin fines de lucro se hizo una depuración exhaustiva para garantizar que quienes reciban recursos realicen un trabajo que realmente contribuya al desarrollo social del país y tengan un registro de la ejecución de sus proyectos.
En ese contexto, se incorporó algunas ONG en el presupuesto y se incrementó el monto a otras, entre ellas: Fundación un gol para El Salvador, Asociación Salvadoreña de Autismo, Fundación Patitas de la Calle, Asociación Scouts de El Salvador, Asociación Comandos de Salvamento, Cruz Verde Salvadoreña, entre otros.
El financiamiento de la brecha presupuestaria asciende a $498 millones, siendo menor en $815 millones con relación al 2021, gracias al buen manejo que ha realizado la cartera hacendaria de los recursos del Estado.
