El Gobierno presentó un paquete de reformas a cuatro leyes con el objetivo de establecer la prisión perpetua como sanción para delitos considerados de alta gravedad, entre ellos homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.
Las modificaciones planteadas abarcan el Código Penal, la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y la Ley Penal Juvenil. La propuesta será analizada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, previo a la ratificación de la reforma constitucional que eliminaría la prohibición de la cadena perpetua en el país.
De acuerdo con el contenido de la iniciativa, la pena de prisión perpetua se aplicaría a delitos como homicidio simple y agravado, violación en distintas modalidades, feminicidio y la integración a estructuras delictivas. Además, se contempla que esta sanción también pueda ser impuesta a menores de edad en casos específicos, conforme a lo establecido en la Ley Penal Juvenil.
El proyecto incluye la posibilidad de revisar la condena bajo un régimen de “libertad controlada”, una vez cumplidos determinados periodos: 25 años para delitos cometidos por menores, 30 años cuando se trate de un solo delito, 35 años si existen múltiples delitos y 40 años en situaciones calificadas como de extrema gravedad o con agravantes.
En cuanto a la legislación contra el terrorismo, se propone que toda persona vinculada a este tipo de organizaciones enfrente prisión perpetua, con agravantes para quienes desempeñen roles de liderazgo o financiamiento dentro de dichas estructuras.
Asimismo, las reformas plantean cambios en el delito de agrupaciones ilícitas, estableciendo penas de entre 8 y 15 años de prisión para grupos de tres o más personas que se asocien con fines delictivos, eliminando las disposiciones específicas que anteriormente regulaban a las pandillas.
El documento también incorpora nuevas circunstancias agravantes, incluyendo a quienes actúen como intermediarios, negociadores o promotores de acuerdos que impliquen beneficios ilegales o evasión de la justicia.
La Asamblea Legislativa deberá estudiar y aprobar estas propuestas en los próximos días, en un proceso que marcaría un cambio significativo en el marco penal salvadoreño.