La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó iniciar una ronda de consultas con diferentes instituciones del Estado para analizar la ratificación de la reforma al artículo 27 de la Constitución, que eliminaría la prohibición de la cadena perpetua en El Salvador, así como las modificaciones legales impulsadas por el Ministerio de Seguridad.
Como parte del proceso, los diputados definieron un calendario de comparecencias que comenzará con la presentación del gabinete de seguridad, seguido por el fiscal general de la República y posteriormente por representantes de la Corte Suprema de Justicia. La sesión legislativa fue suspendida temporalmente y se reanudará este jueves a las 2:00 de la tarde.
Durante la discusión, la diputada Marcela Villatoro propuso ampliar las consultas e incluir al director del Instituto de Medicina Legal, así como a los titulares de la Procuraduría General y de Derechos Humanos, argumentando la necesidad de profundizar en aspectos técnicos, especialmente en delitos como la violación. La propuesta será evaluada en los próximos días.
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, indicó que tras escuchar a las instituciones convocadas se valorará la incorporación de nuevas comparecencias antes de avanzar hacia un dictamen final.
De acuerdo con la programación establecida, el jueves 19 de marzo se recibirá al gabinete de seguridad; el viernes 20, al fiscal general; y el lunes 23, a la Corte Suprema de Justicia. Se prevé que el martes 24 de marzo se realice una revisión final del tema y se emita el dictamen correspondiente.
En el seno de la comisión también se dio lectura a los proyectos de reforma presentados por el Ejecutivo, los cuales buscan establecer la prisión perpetua para delitos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.
Diputados oficialistas señalaron que el proceso seguirá un orden jurídico, iniciando con la reforma constitucional y posteriormente la adecuación de las leyes secundarias para garantizar su aplicación.
Por su parte, representantes de la oposición manifestaron su respaldo a la medida, destacando la gravedad de los delitos que se pretende sancionar con mayor severidad.
La reforma constitucional, ya aprobada en primera instancia, aún requiere ratificación por parte del pleno legislativo. De concretarse, permitiría la implementación de la cadena perpetua bajo criterios específicos y acompañada de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Especial contra el Terrorismo y la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.