Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos que suprime la exigencia de apostilla y legalización de documentos extranjeros en determinados trámites comerciales y aduaneros, como parte de una estrategia para dinamizar el clima de negocios en el país.
La modificación incorpora un nuevo artículo 4-A, el cual establece que cuando se trate de documentos públicos emitidos en el extranjero y vinculados directamente a operaciones comerciales o aduaneras —incluido el registro de productos— no será obligatoria su legalización, apostilla, ni la presentación de copias autenticadas impresas o firmas manuscritas.
Asimismo, se elimina este requisito cuando los documentos puedan verificarse mediante mecanismos electrónicos o a través de convenios suscritos con entidades extranjeras.
La reforma también amplía la eliminación de formalidades consideradas innecesarias, como la presentación de documentos que ya estén en registros públicos o que hayan sido entregados previamente y continúen vigentes.
Durante el debate en el pleno, la diputada Ana Figueroa, de Nuevas Ideas, sostuvo que la medida no elimina controles, sino que transforma un sistema “rígido y previo” en uno más ágil y verificable.
Según la legisladora, la iniciativa responde al principio de “antiformalismo” y busca reducir barreras burocráticas que, a su juicio, desincentivan la inversión nacional y extranjera. “Estamos ajustando la forma en que interactúa la administración pública con la ciudadanía”, afirmó, al tiempo que aseguró que la reforma no contradice el derecho internacional.
Desde la oposición, la diputada Marcela Villatoro, de Arena, expresó preocupación por eventuales riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en procesos vinculados a compras públicas.
Villatoro consideró que la iniciativa debió analizarse con mayor profundidad y advirtió que flexibilizar requisitos podría facilitar irregularidades si empresas presentan documentación falsa. “Al final, es un daño a la transparencia”, declaró ante medios de comunicación.
Pese a los cuestionamientos, la reforma fue respaldada por la bancada oficialista y sus aliados, consolidando un nuevo cambio en el marco normativo orientado —según sus impulsores— a fortalecer la competitividad del país.