En conferencia de prensa, el presidente de la República, Nayib Bukele, declaró que interpondrá una demanda contra la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

«Vamos a demandar a la Asamblea y a la Sala de lo Constitucional ante la Comisión de los Derechos Humanos por la violación al derecho a la vida y salud del pueblo salvadoreño. Ellos están violando el derecho humano más sagrado: la vida», declaró el mandatario esta noche.

Según Bukele, la demanda se interpondrá porque estos dos Órganos de Estado «no permiten» que el Gobierno implemente las medidas para «proteger la vida y la salud del pueblo salvadoreño» en medio de la pandemia del Covid-19. Esto en referencia a que la Asamblea no ha emitido una ley de estado de emergencia nacional y a la Sala de lo Constitucional por suspender un decreto ejecutivo en donde el presidente declaraba ese estado de emergencia.

Tras este anuncio, uno de los primeros en reaccionar fue el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. «Nayib Bukele, su demanda es inadmisible porque es un disparate. Un poder del Estado no puede acudir al sistema para que la CIDH revise decisiones de otro poder del Estado», escribió en sus redes sociales. 

Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH sólo atiende demandas de particulares o entidades no gubernamentales contra un Estado y no demandas de un Estado contra otro poder de Estado de un país.

La Sala de lo Constitucional en su admisión de demandas explicó que lo hizo porque debe estudiar si el presidente de la República invadió funciones de la Asamblea Legislativa y que las medidas sanitarias podrían sostenerse con otras leyes que estaban vigentes. Sin embargo, la Ley de Aislamiento y Cuarentena ya venció. En su lugar, los diputados aprobaron una nueva ley el lunes, que contempla cuarentena y también fases para una reactivación gradual de la economía. Bukele ha dicho que la vetará.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, ha señalado en varias ocasiones que la Ley de Emergencia Nacional sólo sirve para que el Ejecutivo pueda realizar compras directas o transferencias de dinero y no tiene nada que ver con «medidas sanitarias».

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