El partido ARENA reafirmó este día que no dará los votos para avalar el préstamo de $109 millones que financiarían la tercera fase del Plan Control Territorial hasta que el Gobierno sea «trasparente y rinda cuentas», y en este contexto hiciera mención del caso del director de Centros Penales, Osiris Luna, que el viaje en jet privado lo financió una empresa mexicana y no quiso dar esa información pese a que es clasificada como pública.

«Para ARENA, la seguridad de la población es su principal preocupación, la población es la que está siendo obligada a convivir con las pandillas , quienes tienen el control social de las comunidades y del Estado. La seguridad es importante, por ello debemos garantizar que el dinero se use de manera eficiente para resolver los problemas y la lucha contra la violencia pasa por la transparencia y rendición de cuentas», declaró el diputado Chato Vargas este jueves en una conferencia de prensa. 

Pese a esto, expresó que tienen «información escasa sobre el Plan Control Territorial» y así «no es razonable asignar más fondos».

«Además, los últimos hechos vinculados  al viaje del viceministro de Seguridad denotan un problema de transparencia y de bloqueo al acceso a la información pública, que no es un hecho menor, pues  tiene que ver con las inversiones de videovigilancia que están incluidas en el préstamo», agregó en un comunicado, haciendo referencia a que la empresa (Grupo SeguriTech Integral Security) que pagó el viaje se destaca en este rubro y Luna habría viajado para «conocer los servicios que presta esa empresa”.

Asimismo, explicaron que no entienden por qué el Gobierno está contemplando $25 millones para videovigilancia cuando una de las inversiones en sistema de seguridad para el Centro Histórico de San Salvador es una donación por $20 millones de Howard Buffett, además que la alcaldía de San Salvador tiene un proyecto de un sistema de seguridad de $85 millones para la ciudad que incluye tecnología de punta, sistema de vídeovigilancia, centro de monitoreo, sistema analítico y reconocimiento facial.

Otra duda -aseguró el diputado-, es que «no se ejecutó en el presupuesto 2019 un total de 62 millones de dólares». «Tenemos dudas de qué se hizo el dinero y por qué no se utilizó para la seguridad. Nos sorprende que en diciembre se le asignó recursos adicionales para pagar el régimen de alimentación de la PNC, pero no se ejecutaron fondos que estaban en el Ministerio de Justicia», señaló.

«Es razonable preguntarse: ¿Qué coherencia tiene para atender el problema principal de las pandillas realizar inversiones para un buque de la fuerza naval, 3 nuevos helicópteros, 10 camiones de 10 toneladas, 4 autobuses, 113 drones y 28 mil uniformes?», preguntó.

«La aprobación del préstamo no es el problema, nos comprometemos a que se haga la mejor inversión pero tenemos que tutelar que se cuente con la evaluación, control trasparencia y rendición de cuentas asegurando que la inversión rinda frutos en la seguridad que los salvadoreños necesitan», concluyó.

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