El debate por la administración de las pensiones toma cada vez más fuerza. En la actualidad la cotización de los trabajadores salvadoreños tanto del sector público como probado son manejadas por administradoras de fondos de pensiones, entidad que fue creada en el año 1998 bajo la administración de Armando Calderón Sol.

  Desde entonces hasta el año 2017, Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, las AFP han ganado $1,748.2 millones entre la prima del seguro y la comisión de administración del fondo, estas registran ganancias promedias de $252.1 millones, con una rentabilidad de 38%. Así, los beneficios de las AFP en 2016 equivalieron al 53% de su patrimonio neto, el segundo mayor de la región. Por contrapartida, el fondo acumulado de pensiones de los trabajadores registró un rendimiento promedio anual del 2.6%, el más bajo entre todos los países de la región.

 Esta realidad llevado al diputado del PDC Reynaldo Carballo a proponer cambios en la administración de los fondos de pensiones. El Legislador ha Propuesto que sea el Fondo Social para la Vivienda quien administre las los aportes de los trabajadores.

 “Que a lo largo de los años los únicos beneficiados, desde la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, han sido estas mismas, empresas que se han enriquecido con el fruto del trabajo de los salvadoreños y salvadoreñas, las pensiones que se otorgan a los pensionados son exiguas e irrisorias, pensiones que no permiten proveer las condiciones mínimas para una vida digna en dicha etapa de la vida, estas AFP han enriquecido a sus accionistas, siendo obligatorio cambiar dicha situación”, Se lee en la propuesta de ley presentada en la Asamblea Legislativa.

 Según la propuesta del diputado Carballo, el tema de las pensione es uno de los problemas más graves del país, problema que no ha sido abordado con la seriedad que merece, y que ha  generado incertidumbre a las personas próximas a pensionarse, muchas de ellas que tuvieron salarios arriba de $2000 dólares, sus pensiones son apenas de $200 mensuales, muy por debajo de la canasta básica alimenticia.

 “Es tiempo de dar paso a un nuevo sistema en el cual cada uno de los salvadoreños sea parte fundamental, donde se garantice una nueva dinámica en las pensiones, siendo menester que de manera conjunta entre el Órgano Legislativo, Judicial y  Ejecutivo, se tomen decisiones de manera consensuada, que garanticen respuestas integras y completas, que  aseguren pensiones dignas para la población salvadoreña”, asegura.

 El diputado del PDC, que ha estado más cerca del presidente Nayib Bukele cree que una Administradora de Fondos de Pensiones, que sea administrada por el Fondo Social para la Vivienda, a la cual se puedan afiliar de manera voluntaria los trabajadores dependientes e independientes, que lo deseen, y que genere las aportaciones de los afiliados, además de una asignación presupuestaria proveniente del Presupuesto General de la Nación, es lo mas idóneo en este momento.

  “Dicha administradora será propiedad de cada uno de los salvadoreños, y que deberá garantizar las condiciones necesarias que permitan asegurar la rentabilidad de las aportaciones realizadas, que conlleve a pensiones dignas en la vejez, invalidez y muerte”, reza la propuesta de Reynaldo Carballo de San Miguel.

 El diputado independiente, Leonardo Bonilla, y un grupo de representantes del movimiento No Partidario presentaron han presentado también una reforma a la Ley de Pensiones para reducir las ganancias de las AFP y permitir que los cotizantes puedan acceder a su dinero en casos de emergencia.

Óscar Campos, del Movimiento No Partidario, indicó que buscan reformar la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), para ayudar a la población que ya está pensionada o que está a punto de hacerlo.

Los representantes anunciaron dos medidas, la primera es reducir la comisión que obtienen las AFP por el manejo del dinero de los cotizantes, que en este momento es de 1.9 %, y llevarlo al 1.0 %, para que el trabajador perciba un poco más de su dinero.

La segunda medida busca que un trabajador al que se le presenta una emergencia como enfermedades terminales de sus hijos o esposa, pérdidas de empleo o embargos de vivienda pueda sufragar el gasto con el dinero que ha cotizado durante su vida laboral.

 

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