La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) informó este día que ha interpuesto una queja en contra del gobierno de Nayib Bukele ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por realizar una clara “injerencia” al establecer un plazo para que inicie la revisión del incremento al salario mínimo.
“De acuerdo al Código de Trabajo y a convenios internacionales, el Consejo Nacional del Salario Mínimo, conformado por trabajadores, empresarios y gobierno, en exclusiva le corresponde sesionar para decidir cómo y cuándo y en qué plazo se revisarán las tarifas del salario mínimo. El Consejo fue conformado el 21 de noviembre y en su primera y única reunión no fue acordado plazos ni mecanismos de revisión del aumento”, expresó la ANEP en un comunicado.
La semana pasada tras la instalación del Consejo, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó que dentro de 15 o 20 días se comenzaría la discusión para buscar un acuerdo, palabras que para la empresa privado han sido una “injerencia y atenta lo establecido en el Convenio 131 de la OIT», el cual insta a consultar «exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas».
Y es que para la gremial, en el periodo informado por Castro se hace “imposible realizar un análisis económico y social íntegro y profundo», además que recodaron que la revisión al salario mínimo se hace por lo menos cada tres años y la última fue en 2017.
“Para la generación de empleo y la atracción de inversiones es necesario que se establezcan relaciones de confianza, respeto y buena voluntad por los sectores productivos, trabajador y gobierno para restablecer el verdadero diálogo tripartito en El Salvador”, concluyó la ANEP.
El pasado 21 de noviembre tomó posesión el nuevo Consejo Nacional del Salario Mínimo y quedó conformado por tres representantes del Gobierno, dos del interés de los patronos y dos del interés de los trabajadores.
«Por primera vez hemos desarrollado un elección de representantes de forma transparente, supervisada y vigilada», declaró el ministro de Trabajo ese día, al tiempo que la empresa privada se mostraba complacida por dicho acto.
«Es un avance positivo para retomar la búsqueda de consensos entre los verdaderos sectores productivos del país y se restablezca el respeto a los derechos laborales y a las organizaciones de trabajadores y empleadores», indicó.
Hasta el momento, ni el ministro de Trabajo ni el presidente de la República se han pronunciado por esta denuncia.
